Las imprudentes declaraciones del Ministro de Energía, Marcelo Tokman, en torno a la viabilidad del proyecto HidroAysén, contradicen la orientación que se entregó en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, el que planteaba la creación de una “Estrategia Nacional de Cuencas que permita identificar, en base a la mejor información científica, aquellas cuencas que se podrán intervenir, así como las que es de interés nacional preservar. Tomaremos en cuenta los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad y las comunidades de pueblos originarios. Condicionaremos la aprobación de proyectos hidráulicos de gran escala a los resultados de la Estrategia Nacional de Cuencas, con el objetivo de mitigar los impactos ambientales del crecimiento de esta fuente energética convencional”.
A la vista de esta contradicción, los ecologistas estamos perdiendo la confianza. Vemos que un sector del gobierno está dispuesto a aprobar este tipo de proyectos, pasando por alto los puntos dados a conocer en el programa de la Presidenta, que era parte de la filosofía que este gobierno iba a adoptar en relación a los temas energéticos, los que fueron confirmados, además, en el Acuerdo de Chagual.
Es así que organizaciones ecologistas, dentro de las que se encuentra el IEP, creían en el compromiso de considerar para la zona de Aysén una opción de generación energética que no tuviera como su principal elemento a las represas; con todo lo anteriormente señalado, los ecologistas hemos quedado con una pérdida de confianza importante en relación a la voz de las autoridades, puesto que no se cumple en ninguna medida lo que se había determinado en esta materia.
Hay que destacar, sin embargo, que la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, reiteró que no se iba a pronunciar aún porque ese proyecto no lo conocía, ya que la empresa eléctrica a cargo de HidroAysén no ha presentado ningún informe al gobierno, y esa sería la actitud correcta que deberían tomar las autoridades, a nuestro parecer.
Ante esta situación, el IEP junto a otras ONG ecologistas y de la sociedad civil, han constituido el Consejo de Defensa de la Patagonia, como una forma de crear un organismo que se oponga a estos megaproyectos, en la eventualidad que el gobierno no quiera modificarlo y se salte sus propios compromisos programáticos y apunte a realizar este tipo de proyectos tal y como los presentan las empresas, los que son altamente perjudiciales para el medio ambiente.
